Caracas, septiembre 2025 — El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lanzó una dura amenaza en su programa televisivo semanal, al afirmar que quienes se opongan a la defensa irrestricta del país “como sea y a la hora que sea” pasarán a estar bajo un “estado general de sospecha”.
Cabello, considerado el número dos del chavismo y uno de los principales voceros del oficialismo, sostuvo que la lealtad hacia la llamada Revolución Bolivariana debe ser incuestionable en tiempos de lo que definió como “agresión internacional y conspiraciones internas”.
“Aquí no puede haber medias tintas. Quien se oponga a que Venezuela sea defendida como sea y a la hora que sea, está en estado general de sospecha. Este no es un asunto de partidos, sino de patria, y la patria se defiende con todo”, afirmó.
Las declaraciones de Cabello llegan en un contexto de crecientes tensiones políticas y denuncias de sectores opositores sobre la restricción de libertades civiles. Analistas señalan que el concepto de “estado general de sospecha” amplía la narrativa oficialista de vigilancia permanente contra quienes disientan del proyecto bolivariano.
El politólogo Carlos Romero explicó a este medio: “Este tipo de enunciados buscan reforzar la disciplina interna en el chavismo y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a la sociedad: la lealtad no es negociable. Sin embargo, también generan un clima de mayor polarización e incertidumbre para la oposición y para cualquier actor crítico”.
Desde la oposición, dirigentes rechazaron el tono de la declaración. La diputada Delsa Solórzano respondió a través de redes sociales: “El oficialismo no puede pretender que disentir sea un delito. Hablar de sospecha generalizada es abrir la puerta a más persecución política”.
Cabello, por su parte, insistió en que el chavismo está dispuesto a “defender la soberanía en todos los escenarios”, incluso en condiciones adversas. “La Revolución Bolivariana no retrocede. Quien dude, que se atenga a las consecuencias”, sentenció.
La afirmación ha generado debate entre observadores internacionales sobre los límites entre la defensa nacional y la criminalización de la disidencia en Venezuela, en un momento en que el país se prepara para un nuevo ciclo electoral con la mirada puesta en la participación y las garantías democráticas.
