La Embajada de España ubicada en Caracas recibió a un grupo de organizaciones, activistas y ciudadanos quienes pidieron la libertad de la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, y solicitaron el Gobierno español que garantice su vida e integridad física.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano fue detenida el pasado 9 de febrero, por su presunta vinculación a la operación “Brazalete Blanco”, que estaría destinada a atentar contra la vida del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Al grito de “libertad”, la protesta llegó hasta la sede diplomática de la nación ibérica, en donde clamaron por la liberación de los presos políticos en Venezuela.
La sede española permitió el paso de la codirectora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, quien declaró que estaba ahí para solicitar al país europeo que vele por la integridad de San Miguel, la cual tiene nacionalidad española.
“Queremos hacer una insistencia en la protección que obliga por sus vínculos consulares, siendo Rocío y su familia ciudadanos españoles y venezolanos, para que se garantice el debido proceso. Han pasado 11 días hoy sin que sus abogados puedan verla ni juramentarse”, sentenció Rendón.
