La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó un informe sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, donde explica cuáles son los desafíos para atender a esta población.
El informe señala que algunas personas migrantes y refugiadas de Venezuela «se ven obligadas a realizar travesías peligrosas para llegar a su destino, cruzando rutas migratorias irregulares, zonas fronterizas insalubres o viajando en embarcaciones precarias«, recoge el portal Runrunes.
Asimismo, indicó el texto que en muchas ocasiones, la violencia en contra de las personas provenientes de Venezuela está alentada «por estereotipos de género y discursos estigmatizantes que denotan xenofobia y racismo».
Una de las conclusiones más relevantes del informe de la Cidh es que los países de la región, a efectos de otorgar una protección que responda a la naturaleza forzosa del desplazamiento, deben reconocer estatus de refugiado a las personas que provienen de Venezuela, «hacer un reconocimiento de la condición de persona refugiada prima facie (a primera vista), así como promover políticas que permitan garantizar sus derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación».
Refieren que en el caso de los migrantes venezolanos se adapta el concepto de persona refugiada aplicable, consignado en la Declaración de Cartagena, «que cobija a las personas que huyen de un territorio por riesgos a su vida, seguridad, libertad, o por la violación masiva de los derechos humanos«.
Este informe busca iniciar una conversación sobre la necesidad de responder al desplazamiento forzoso de personas venezolanas desde un enfoque regional, coordinado, basado en la responsabilidad compartida y en el respeto y garantía de los derechos humanos. La Cidh se pone a disposición de los Estados parar brindar cooperación técnica en la implementación de las recomendaciones que se formulan en el documento», amplían, citados por Runrunes.
Entre las causas de este desplazamiento masivos de venezolanos, según el informe, se destaca la destrucción del estado de Derecho, las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
