La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su rechazo el martes a la «persecución penal» dirigida hacia «dirigentes opositores» en Venezuela, la cual, según afirmó, tiene como objetivo principal «obstaculizar» la participación política de quienes se oponen al chavismo.
En un comunicado emitido, la Cidh destacó que las recientes órdenes de captura anunciadas por el Ministerio Público contra 14 personas, incluyendo a tres «dirigentes opositores e integrantes del equipo de trabajo de la aspirante presidencial María Corina Machado», forman parte de un «patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política» de la oposición antichavista.
La Comisión también señaló el caso de Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, dedicada a la promoción de los derechos políticos y la participación en elecciones, quien fue «detenido, temporalmente desaparecido y presentado ante los tribunales sin contar con acceso a una defensa técnica de su elección». Abdul fue liberado el 20 de diciembre, tras 14 días de detención.
Estas personas, junto con otras diez que se encuentran en el extranjero, fueron acusadas por la Fiscalía de «traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir», en relación con una supuesta conspiración contra el referendo del 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana.
La CIDH expresó su preocupación, argumentando que el sistema de justicia venezolano «no ofrece garantías de independencia e imparcialidad» y ha desempeñado un papel significativo en la represión de opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Además, advirtió sobre el «uso de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, como traición a la patria, que pueden instrumentalizarse para perseguir e impedir la legítima participación política».
La comisión hizo un llamado al Estado venezolano para que, además de liberar «de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente», adopte «con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024».
El pasado 9 de diciembre, María Corina Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora, denunció un aumento en la «arremetida» del Gobierno contra su partido, Vente Venezuela (VV), destacando agresiones contra la sede del partido, bloqueo de cuentas bancarias y amenazas con «órdenes de captura a ciudadanos que lo único que hacen es dedicarse a trabajar por Venezuela».