La defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, habría sido detenida por efectivos de seguridad el pasado viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con el Nacional, la presunta aprehensión de la experta en seguridad estaría relacionada con las investigaciones que lleva a cabo el gobierno en relación con los casos de conspiración denunciados por Nicolás Maduro el pasado 15 de enero en la presentación de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional.
Por estos hechos, hasta el 24 de enero, se contabilizaban 36 personas detenidas y 22 solicitadas por la justicia venezolana, según informó el fiscal general, Tarek William Saab.
Asimismo, entre los señalados por el gobierno de estar vinculados con estas conspiraciones figura la periodista Sebastiana Barráez, acusación que fue rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas.
El CNP denunció que se trata de «otro grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y al debido proceso».
A su juicio, algunos funcionarios de alto nivel de la Fiscalía y autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos de la ONU sobre abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos y defensores de derechos humanos.
El CNP repudió que se pretenda continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos, sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de designar defensores privados.
Por su parte, las autoridades gubernamentales informaron de la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que incluían el intento de asesinato de Nicolás Maduro.
