Estados Unidos debe tomar el próximo jueves una decisión que podría tener alto impacto tanto en el proceso electoral venezolano como en sus relaciones con Colombia.
Ese día vence la licencia que otorgó el Departamento del Tesoro el año pasado a Venezuela y que permitió levantar temporalmente las sanciones que pesaban sobre la industria petrolera y de gas en Venezuela.
Como se recuerda, la administración del presidente Joe Biden, tras los acuerdos alcanzados en Barbados entre miembros del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, optó por ofrecer esta “zanahoria” como estrategia para impulsar un proceso electoral libre y democrático que incluyera la participación de todos los candidatos. Sin embargo, la letra menuda incluía una amenaza de que las sanciones volverían en caso de que no se presentaran avances en esta materia.
El pasado 31 de enero, y luego de que Venezuela confirmó la inhabilitación en contra de María Corina Machado -ganadora del proceso de primarias de la oposición-, Estados Unidos trazó una nueva línea roja al indicar que no renovaría la licencia, que expira este 18 de abril, si su candidatura no era rehabilitada para entonces.
Algo que, como se sabe, no ha sucedido. Diversas fuentes consultadas por este diario en Washington sostienen que, salvo desarrollos de última hora, Estados Unidos dejará expirar la licencia. Lo cual, en la práctica, sería un regreso al régimen de sanciones pleno que estaba vigente hasta octubre de este año.
Para Washington, la decisión de excluir a Machado y a su reemplazo, Corina Yoris, son claros incumplimientos a los acuerdos de Barbados que justifican la reimposición del castigo.
“El régimen de Maduro, aterrado al reconocer que perdería en unas elecciones libres, obviamente no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del acuerdo de Barbados. Esto deja a la administración Biden sin otra opción que reimponer las sanciones que levantó para fomentar una apertura democrática. La credibilidad de Estados Unidos está en juego. Eso no quiere decir que sea una decisión fácil. Revertir las sanciones a los envíos de petróleo podría elevar el precio del petróleo en un año electoral y podría ser una bendición económica para China, un importante comprador de petróleo venezolano”, le dijo a este diario un exdiplomático estadounidense con larga experiencia en la región.
Pero la puerta no se ha cerrado del todo. Esta semana, la Casa Blanca confirmó una reunión de emergencia en México entre el encargado de negocios para Venezuela, Francisco Palmieri; el asesor de seguridad nacional para el hemisferio, Dan Erikson, y funcionarios del gobierno de Maduro.
Aunque según Estados Unidos la reunión fue para “expresar su preocupación por el proceso electoral en Venezuela”, es claro que el tema de las sanciones, y su reimposición, estuvo en la mesa.
Es posible, por ejemplo, que Washington opte por una reimposición parcial de las sanciones a la espera de futuros desarrollos.
En todo caso, la decisión de utilizar nuevamente “el martillo” contra Maduro deja a Colombia en una posición incómoda. De hecho, y también esta semana, el canciller (e) de Colombia, Luis Gilberto Murillo, expresó su rechazo total al régimen de sanciones justo después de una reunión con estos mismos funcionarios estadounidenses en Washington.
Así mismo, tampoco ha caído bien la decisión del gobierno colombiano de “avalar” las elecciones al ofrecerse como observador.
“Que Colombia acepte servir como observador en las próximas elecciones falsas de Venezuela es un regalo para Maduro. En primer lugar, incluso si existiera la apariencia de un proceso libre y justo –lo cual no lo es– se debe establecer de antemano un serio esfuerzo de observación para examinar las condiciones, establecer líneas de base sobre el acceso a los medios, la seguridad, seleccionar los lugares de votación que se observarán, y una serie de otras cuestiones. No hay tiempo para hacer esto ahora», dice este mismo exdiplomático.
«En segundo lugar, y más importante, -agregó- ya sabemos que Maduro ganará. Maduro utilizará la ‘observación’ de Colombia para reclamar credibilidad de un proceso profundamente defectuoso en el que el candidato de la oposición elegido democráticamente fue declarado no elegible en lo que el presidente Petro llamó correctamente un ‘golpe antidemocrático’”.
