Joshua Holt, quien estuvo encarcelado en Venezuela durante casi dos años, demandó a Nicolás Maduro por liderar una «empresa criminal» que secuestra, tortura y encarcela injustamente a ciudadanos estadounidenses.
La información publicada por la agencia de noticias The Associated Press, firmada por el periodista Joshua Goodman, señala que la denuncia, presentada el jueves en el tribunal federal de Miami, es la última de una serie de demandas contra el gobierno venezolano por presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Holt, quien viajó a Venezuela en 2016 para casarse con una compañera mormón, detalló en la demanda cómo lo arrestaron junto a su esposa durante una redada. Lo acusaron de ser un «terrorista de la CIA» y lo sometieron a condiciones inhumanas mientras estuvo detenido, incluyendo simulacros de ejecución y falta de atención médica adecuada.
Joshua Holt y su familia sufren trauma
Después de negociaciones lideradas por un miembro del personal del senador Bob Corker, Holt fue finalmente liberado en 2018. Sin embargo, la demanda alega que tanto él como su familia continúan sufriendo trauma, incluidos trastornos de ansiedad y depresión.
Laurie Holt, la madre de Joshua, falleció en 2019 debido a una enfermedad cardíaca que la familia atribuye al estrés causado por el encarcelamiento prolongado de su hijo.
La demanda busca compensación por los daños sufridos en virtud de la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros confiscar los activos de sus victimarios, indicó AP.
Otros estadounidenses encarcelados en Venezuela han obtenido sentencias importantes contra Maduro y su círculo íntimo por motivos similares, incluidas acusaciones de controlar el Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico.
A pesar de las sentencias favorables, la recuperación de compensaciones resulta desafiante debido a la falta de propiedades o cuentas bancarias a nombre de Maduro o sus colaboradores cercanos en Estados Unidos. Se sospecha que gran parte de la riqueza acumulada por los funcionarios venezolanos está en manos de testaferros cuyos activos son difíciles de rastrear y confiscar.
