Bogotá, 1 de octubre de 2025 — La decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar al ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, articular las Fuerzas Militares de Colombia con las del régimen de Nicolás Maduro ha generado una ola de críticas y preocupación en el país.
La instrucción fue dada durante un Consejo de Ministros transmitido el 29 de septiembre. Petro afirmó que la cooperación binacional permitiría enfrentar de manera más efectiva a los grupos armados ilegales que operan en la frontera y controlan rutas clave de narcotráfico y tráfico de armas. “Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero necesario”, expresó el mandatario.
Aunque la orden pasó inicialmente desapercibida, la reacción del sector defensa fue inmediata. Expertos y analistas advierten que compartir información con un gobierno cuestionado internacionalmente puede comprometer la seguridad estratégica de Colombia y aislarla de sus aliados históricos.
El coronel en retiro Carlos Soler señaló: “Uno no puede hacer acuerdos binacionales con gobiernos que no reconoce, porque lo que está haciendo es legitimarlos. Venezuela ha protegido durante años a las disidencias de las FARC y al ELN. Entregarles datos de inteligencia sería revelar posiciones de radares, aviones y sistemas de defensa a un actor no confiable”.
En la misma línea, el consultor en seguridad nacional Manfred Grautoff calificó la decisión como “totalmente inconveniente” y advirtió que viola la Ley 1621 de 2013 o Ley de Inteligencia, que establece límites claros en el manejo de información sensible.
El debate también se extiende al plano diplomático. Más de 50 países no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro como legítimo, lo que, según especialistas, expone a Colombia a contradicciones internacionales y podría derivar en sanciones personales contra altos mandos militares, como restricciones de visa por parte de Estados Unidos.
Los críticos subrayan que esta política podría fracturar la cooperación con aliados estratégicos como EE. UU., Israel y Reino Unido, quienes difícilmente aceptarían que su información termine en manos de Caracas.
La orden presidencial, lejos de fortalecer la cooperación regional, ha abierto un debate sobre los riesgos que implica legitimar a un régimen señalado por vínculos con el narcotráfico y por ofrecer refugio a grupos insurgentes colombianos.
