Caracas / Washington D. C. — 15 de octubre de 2025
En un movimiento que redefine la política estadounidense hacia Venezuela, el presidente Donald Trump confirmó la autorización de operaciones encubiertas de la CIA dentro del territorio venezolano. La medida se suma a los recientes ataques en el Caribe, donde fuerzas norteamericanas destruyeron embarcaciones vinculadas al narcotráfico, presuntamente operadas bajo redes controladas por el régimen de Nicolás Maduro.
Trump aseguró que los ataques marítimos han sido “altamente efectivos” y que ahora evalúa acciones en tierra, justificando la escalada como parte de una estrategia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. “Las rutas marítimas ya están casi controladas. El siguiente dominio debe ser en tierra”, afirmó el mandatario.
Esta decisión responde a una visión que ha caracterizado su administración: la de que Venezuela no es simplemente un Estado fallido, sino un narcoestado, donde la estructura de poder se sostiene sobre redes criminales y corrupción. Para Washington, el objetivo no se limita al combate al narcotráfico, sino al debilitamiento directo del aparato de poder de Maduro, señalado como responsable de operaciones transnacionales de droga y lavado de dinero.
Reacción del régimen y movimientos en el Caribe
El régimen chavista calificó las acciones estadounidenses como una “agresión armada” y ordenó el despliegue del plan “Independencia 200”, movilizando tropas, milicias y reservistas en las costas venezolanas. El ministro Diosdado Cabello denunció que estas operaciones “buscan un cambio de régimen” y acusó a Trump de intentar apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.
Mientras tanto, países del bloque ALBA, junto a Cuba, Bolivia y Nicaragua, condenaron los ataques, calificándolos como “violaciones al derecho internacional” y “provocaciones imperiales”. Sin embargo, en el terreno diplomático, la respuesta regional ha sido prudente: varios gobiernos del Caribe han reforzado su cooperación con Washington, permitiendo el uso temporal de aeropuertos y radares de vigilancia como parte del operativo de contención.
Legalidad y cálculo político
En Estados Unidos, el debate sobre la legalidad de las operaciones sigue abierto. Sectores del Congreso y analistas constitucionales cuestionan si el presidente puede autorizar ataques encubiertos sin aprobación legislativa. La Casa Blanca, por su parte, sostiene que se trata de un “conflicto no convencional con carteles terroristas”, una figura jurídica que permite el uso de fuerza limitada sin declaratoria formal de guerra.
Para la oposición venezolana, esta nueva fase de presión representa una oportunidad histórica. Dirigentes consultados interpretan la decisión de Trump como una jugada que busca romper el control militar y criminal del chavismo y acelerar una transición democrática en Venezuela.
Perspectiva republicana y visión opositora
Desde el ala republicana, la operación se percibe como una muestra de liderazgo fuerte y una respuesta concreta ante años de diplomacia ineficaz. Los republicanos sostienen que el régimen venezolano se ha convertido en un foco de desestabilización hemisférica y que solo la presión militar puede quebrar su estructura criminal.
Para muchos venezolanos opositores, esta postura ofrece un respiro. Ven en Trump un aliado decidido, capaz de poner fin al prolongado ciclo de impunidad. Sin embargo, también hay cautela: se teme que una operación prolongada en tierra pueda generar víctimas civiles o reforzar la narrativa del régimen sobre una “agresión extranjera”.
